UN LOBBY PARA EL INTERÉS GENERAL

La atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos se centra cada vez más, y en general para bien, sobre la dimensión presupuestaria o cuantitativa de la gestión pública. La política, la gestión de los asuntos públicos, contiene muchas veces una decisión para asignar dinero a tal prioridad en lugar de a tal otra. La discusión de los presupuestos, la financiación de los programas, la dotación de concejalías y ministerios, la cuantía de los ‘rescates’… todo eso puede medirse en términos de asignación de fondos. Y donde hay asignación de fondos hay presiones, y grupos de interés, y al final del proceso, beneficiarios y no beneficiarios. En cambio, hay otra dimensión de la esfera pública de la que los beneficiarios somos todos los ciudadanos. Sí, incluido tú, lector. Es el interés general: acaso porque no tiene un lobby detrás defendiendo sus tesis, ese interés general suele ser más difícil de reducir a cifras. Pero que se le mencione menos no quiere decir que sea menos importante.

Hace unas semanas, en un debate en directo en el que participé en Telemadrid sobre la energía nuclear frente a las energías renovables, le argumentaba a mi adversario dialéctico que la energía nuclear es hoy económicamente inviable, tecnológicamente obsoleta, medioambientalmente insostenible y socialmente peligrosa, y destaqué cómo el supuesto ‘debate nuclear’ era fruto de las presiones del poderosísimo lobby nuclear, que defiende los intereses de corporaciones, no de ciudadanos. Mi interlocutor enseguida arguyó que las energías renovables también contaban con un lobby a favor de las fuentes de energía renovable. Es evidente, y así lo hice notar en el debate, que el poder económico, industrial, político y mediático del lobby renovable es ridículamente pequeño, infinitesimal en comparación con los tentáculos del lobby nuclear.

Sin embargo, al apagarse los focos y terminar el programa, seguí dándole vueltas a si contraponer lobbies con intereses divergentes es racional o medianamente justo.

Yo creo que no lo es. A mi parecer, lo deseable no ese sopesar los intereses de la industria nuclear frente a los del emergente sector de las renovables. Quien debería contradecir las ideas y los datos (muy sesgados, por cierto) del lobby nuclear debería ser una instancia neutra, ni pronuclear ni antinuclear, que velara por el interés general.

Según la ciencia política, una de las contradicciones de las sociedades democráticas postmodernas como la española es que a veces están menos protegidos los derechos de la colectividad que los derechos de algunos grupos que la componen. Lo que los mexicanos llaman cabildeo, y nosotros denominamos grupos de intereses especiales o lobbies, sacan a menudo una indebida ventaja en su tira y afloja frente a los defensores del bien común. Por eso los ciudadanos tendemos a sentirnos indefensos ante algunos colectivos endogámicos, privilegiados e influyentes cuyo poder se ejerce sin suficiente supervisión pública: por ejemplo, recelamos del derecho a la huelga de controladores aéreos, de pilotos o de jueces, porque llega un momento en que el peaje que tales minorías hacen pagar al conjunto de la sociedad, aunque normalmente es incalculable por su propia naturaleza, se antoja excesivo, insoportable. Es lo que el politólogo Fernando Vallespín planteaba en su artículo ‘Cuando los pocos nos dañan a todos’, publicado en El País el 16 de enero, cuando se preguntaba: “Si, como parece el caso, estos ‘trabajadores’ no están excluidos del derecho de huelga, ¿quién nos defiende entonces frente a quienes tienen la capacidad de subvertir funciones cruciales para la vida de todos?”.

Pasaré de puntillas sobre lo discutible que resulta llamar ‘trabajador’ a un juez, y obviaré también la espinosa cuestión de que si los titulares del poder judicial pueden declararse en huelga, también deberían poder hacer lo mismo los titulares de los poderes legislativo y ejecutivo (según esa lógica malsana, ¿por qué no una huelga de diputados, de senadores, de ministros e incluso del presidente del Gobierno?). Lo que quisiera subrayar con Vallespín es que a veces, sólo a veces, frente a algunos colectivos cerrados, corporativistas y con una capacidad de presión desproporcionada, muchos echamos de menos un lobby que defienda los intereses de todos.

Un lobby que defienda de manera implacable los intereses de los usuarios de la justicia. Y de los usuarios del transporte aéreo. Y de los usuarios del sistema bancario y financiero. Un lobby del conjunto de la ciudadanía, que contrarreste los múltiples y poderosos lobbies que la acongojan. No un Defensor del Pueblo que vele contra abusos concretos, no una Administración Pública que articule la gestión de lo colectivo, no: yo propongo que frente a los ‘grupos de interés particular’ erijamos un ‘grupo de interés general’ que alimente de argumentos y de cifras la defensa del bien común, y que pelee con las mismas armas. Supondría democratizar el acceso a lo que en Estados Unidos denominan la ‘industria de la influencia’ (lobbies y think tanks, ya sabes). Revolucionario, ¿no? Imagínate, lector, que tu interés como ciudadano fuera defendido con el mismo ardor, con los mismos recursos y con el mismo arsenal de datos, gráficos, tablas y presentaciones en PowerPoint que los intereses especiales de los grupos que amenazan diariamente con perjudicarte como ciudadano.

Utópico, ¿eh? Bueno, pues esa es precisamente la dirección en la que apunta un estudio pionero en Europa sobre el coste intangible de la catástrofe del petrolero Prestige de 2002. El informe, realizado por la investigadora María Loureiro, del Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia (Idega) de la Universidade de Santiago, cuantifica en euros contantes y sonantes los daños ambientales que la sociedad ha de afrontar, descontados los costes de la limpieza y recuperación y las pérdidas comerciales para el sector pesquero, el turístico y demás colectivos específicos. Todos estos costes sí visibles y sí bien conocidos, y que por cierto suman 805 millones de euros.

Según el estudio de María Loureiro, así pues, el coste invisible para los españoles, coste que no ha abonado ni abonará nunca nadie, asciende a 774 millones de euros, es decir casi 130.000 millones de las antiguas pesetas. Es curioso que esa factura intangible sea casi igual de alta que la tangible (774 millones frente a 805). Mas lo triste no es ya que el hundimiento del Prestige nos haya costado a nuestro medio ambiente y a nuestro futuro casi 130.000 millones de pesetas, sino que ningún lobby en representación del pueblo español va a presentar ninguna petición al respecto, así que sencillamente los perderemos en silencio y sin que nadie se rasgue las vestiduras. 774 millones de euros son muchas escuelas infantiles, muchos especialistas en nuestros centros de salud, muchas ambulancias y muchas bibliotecas.

El mar vale más que la suma del pescado que contiene, del mismo modo que el bosque vale más que su madera y que una central y la no extinción de una especie vale más que su valor de mercado. ¿Cuántas facturas de 774 millones de euros estamos pagando como sociedad cada vez que los grupos de interés particular dirimen entre sí sus conflictos partidarios y el interés medioambiental, el interés general, ni se cuantifica ni mucho menos se abona?