La llamada Responsabilidad Social Corporativa, en terminología más anglosajona, o Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), en expresión acuñada en Europa, se ha expandido con gran rapidez en nuestro país. Hasta el punto de que el nuestro es uno de los que cuenta con un número mayor de empresas afiliadas al Global Compact, el organismo de Naciones Unidas que asocia a las empresas con intenciones responsables. La RSE se ha convertido en una nueva fuente de negocio para consultores, difusores y centros de formación. En el mejor de los casos, la responsabilidad social de las empresas consiste en realizar actividades voluntarias más allá de las obligaciones legales y convencionales a las que están sometidas, sin causar perjuicio alguno. En el peor, en la compaginación de actividades filantrópicas o de estrategias de negocio tendentes a mejorar su imagen con otras de clara connotación económica, social o ecológica poco edificantes.
Este fenómeno no surge como consecuencia de una repentina concienciación de las empresas – aunque más preciso y justo sería hablar de algunas empresas, sobre todo de las más grandes y transnacionales - hacia un mayor compromiso con la sociedad en la que actúan. Es, por el contrario, el producto de un conjunto de fenómenos que han confluido a lo largo de los últimos 50 años. De entrada, es hijo de la ideología liberal que ha abogado por menos regulación y más autorregulación, ideología que ha desembocado, entre otras cosas, en la crisis que estamos padeciendo. En la UE, por ejemplo, mientras que las abundantes normas económicas son obligatorias las sociales son, cada vez más, escasas y voluntarias. En una vuelta hacia el pasado – en el que, en las políticas sociales, primaba el paternalismo, la filantropía, la caridad – estamos pasando de lo obligatorio (la ley, el convenio) a lo voluntario (códigos de buena conducta, labels, comparaciones de buenas prácticas). Y la RSE es una expresión paradigmática de ello.
Una tendencia que también se ha implantado en el ámbito mundial: mientras que las normas del comercio internacional, de la OMC, son obligatorias y sancionables, las de la OIT son optativas, carecen de recurso jurisdiccional para sancionar las violaciones y afectan en casi su totalidad sólo al trabajo asalariado, claramente minoritario en la mayor parte del mundo.
Junto a una globalización sin apenas reglas sociales, el retraimiento del Estado es otro factor que explica esta exigencia de mayor responsabilidad social a las empresas. Las regulaciones sobre el trabajo y las protecciones sociales a ellas vinculadas se han fragilizado. Las políticas de protección social han derivado en muchos casos en políticas de asistencia social, transferidas en nuestro caso a las Comunidades Autónomas, que, además, suelen ser subcontratadas a organizaciones no gubernamentales. Las dotaciones públicas de cooperación al desarrollo se retraen, en la mayor parte de los países más desarrollados, mientras que aumentan las contribuciones de las fundaciones creadas por las grandes corporaciones multinacionales. Lo que antes estaba amparado por el Estado, mediante las regulaciones y protecciones del trabajo, las políticas universales de protección social y a través de las políticas públicas de cooperación al desarrollo, se viene transfiriendo cada vez más a la autorregulación responsable de las empresas, a la gestión privada de los servicios sociales, a la sustitución de las políticas públicas de ayuda al desarrollo por las privadas. Con la necesaria precisión de que gran parte de ello es financiado mediante un aumento de las desigualdades entre salarios y excedentes empresariales, mediante subvenciones públicas y reducciones de impuestos.
La primera razón, pues, de esta eclosión de la RSE es el deshilachamiento del modelo socialdemócrata de sociedad creado tras la revolución de octubre, la Gran depresión de los años 30, el protagonismo de los trabajadores en la lucha contra el fascismo. Que tuvo su período de esplendor entre 1945 y 1975.
La segunda, es la emergencia de los riesgos vinculados a la actividad de las empresas multinacionales, emancipadas de los Estados nacionales y sin un marco mundial de regulación. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de estar sujetos a riesgos que nadie parece controlar y que, en gran medida, son protagonizados por empresas multinacionales. Riesgos medioambientales, riesgos industriales, riesgos alimentarios, riesgos sanitarios, riesgos sociales vinculados a la pobreza y la desigualdad. Catástrofes ecológicas, como la del Prestige, el Erika, el Esson Valdés; catástrofes industriales como las sucedidas en Bhopal, en Seveso, en Toulouse, en Puertollano; riesgos alimentarios, como el de las vacas locas; riesgos sanitarios como el del aceite del colza o el de la propagación de pandemias; riesgos medioambientales vinculados a la explotación desaforada de las reservas y los recursos naturales; riesgos sociales y humanos vinculados a la falta de respeto a los más básicos derechos humanos.
Riesgos relacionados, igualmente, con la enorme concentración de poder tecnológico en manos de las grandes multinacionales. En muchos casos son estas empresas las que sistematizan la aplicación de los avances tecnológicos, las que contribuyen a la aceleración, o retraso, del progreso técnico, las que deciden qué se investiga, cómo se aplica lo inventado y en que partes del mundo se distribuye. Este es un enorme poder económico, pero también social, político, ético. Los avances técnicos no son inocuos y tienen, en muchos casos, un carácter ambiguo en términos éticos y políticos. Sus beneficios dependen, en parte, del uso que se haga de ellos. Pensemos al respecto en temas como la biotécnica, los organismos genéticamente modificados, la energía nuclear, el desarrollo de Internet, la utilización de los medios de comunicación…
Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que detrás de este tipo de riesgos está la actuación – en unos casos por acción y en otros por omisión – de grandes empresas multinacionales. Empresas que, en el contexto de la globalización, escapan en gran medida al control de las instituciones políticas democráticas. Además, en los últimos años se ha producido una crisis de legitimidad de las empresas como consecuencia de renombrados escándalos, como los de Parmalat, Enron, Vivendi. Y todos los que tan famosos se han hecho en los últimos meses, desde Madof hasta Lehman Brothers. Escándalos con enormes consecuencias sociales que se terminan solapando mediante el conocido mecanismo de la “socialización de pérdidas”.
En fin, la RSE surge así mismo de la mayor vulnerabilidad de las empresas a su imagen, a su “capital reputación”. Del mismo depende su penetración en mercados, su cotización en bolsa, su aceptación social. De ahí que estén dispuestas a tratar de blanquear una imagen que, en no pocas ocasiones, es fuertemente criticada por su actividad principal.
¿Es este un fenómeno que puede extenderse y perdurar? No es muy probable, aunque todo depende de si el nuevo capitalismo que ha surgido en los últimos 30 años – en contraposición con el capitalismo de compromiso que surgió tras la segunda guerra mundial – prevalece. En primer lugar, porque el discurso de la RSE (contar con los actores implicados, con los stakholders) va a contracorriente del capitalismo financiero imperante. En el que el accionista es el rey y la participación real de los trabajadores y de otras partes implicadas en el gobierno de las empresas es cada vez más virtual y periférica. En segundo lugar, porque los grandes desafíos a los que nos enfrentamos – desigualdades sociales, cambio climático, migraciones, geoestrategia de la seguridad – requieren respuestas urgentes, obligatorias y generales. Lo contrario de lo que representan las actuaciones de RSE: acciones individuales, voluntarias, marginales, lentas. En la UE, por ejemplo, cuando la constitución de Comités de Empresa Europeos era voluntaria, se crearon 20. Desde que en 1994 se promulgó una directiva para regularlos su número ha ascendido a 850.
Las políticas de RSE suelen orientarse en una doble dirección. De un lado, hacia la respuesta filantrópica: restauración de patrimonio, contratación de colectivos con dificultades de inserción, edición de música folklórica, provisión de hamacas para que los trabajadores gocen de unos minutos de relax... De otro, mediante una estrategia más global y marquetiniana dirigida a mejorar su imagen y mantener mejores relaciones con el entorno. En este tipo de estrategias, las empresas tienden, en general, a marginar a las organizaciones sindicales y a asociar, en cambio, a algunas ONGs.
Desde el punto de vista de los sindicatos, las estrategias de RSE comportan algunos riesgos. Pero también oportunidades. Entre las primeras, el riesgo de creer que la participación puede sustituir a la relación de fuerzas. El riesgo de que lo voluntario – los códigos, indicadores, protocolos y otras fórmulas similares – vayan sustituyendo a los convenios o inhibiendo la acción legislativa. También el riesgo de ser sustituidos, en acciones internacionales, como interlocutores por algunas ONGs. Entre las oportunidades podemos citar cuatro principales. En primer lugar, la posibilidad de utilizar la mayor vulnerabilidad de la imagen corporativa de las empresas. De hecho, muchos de los últimos grandes conflictos sociales – como en el caso de Danone – se basaron en el ataque a la imagen de la empresa. Además, la acción sindical puede utilizar la política de responsabilidad social empresarial para exigir rendimiento de cuentas y para poner en contradicción lo que se dice con lo que se hace: respecto a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores, a la transparencia contable y financiera. Para el sindicato, la RSE puede, así mismo, ofrecer la oportunidad de nuevas alianzas con otras partes interesadas: autoridades locales, organizaciones sociales y medioambientales, consumidores, ciudadanos. Finalmente, la RSE puede posibilitar abrir brecha en algunos temas de negociación colectiva o bien implicar a las empresas en los procesos territoriales de reconversión industrial.
En realidad, la prueba del 9 de la calidad de las políticas de RSE se resume en cinco puntos. Primero, si las empresas que mantienen políticas de RSE, además de hacer equis cosas loables y bienintencionadas, son responsables en su negocio principal. Segundo, si la empresa es responsable con sus propios trabajadores y si cuenta con las organizaciones sindicales a la hora de elaborar sus memorias (de las 35 empresas españolas del IBEX, sólo una lo hace). Tercero, evitar que subrepticiamente se trate de sustituir lo obligatorio – ley y convenio – por declaraciones, códigos, protocolos de carácter voluntario. Cuarto, que efectivamente exista una rendición de cuentas, que no es lo mismo que una mera comunicación. Finalmente, es esencial que exista una evaluación independiente de las financiadas por las empresas.
Con motivo de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, un conjunto de organizaciones sociales plantearon algunas demandas para hacer más creíbles las políticas de RSE, que reproduzco:
1) Establecer la responsabilidad jurídica de la empresa madre, con posibilidad de recurso ante los tribunales (como sucede en Estados Unidos con una legislación denominada “Alien Tort Act”), de lo que puedan hacer sus filiales fuera de sus fronteras
2) Establecer un deber de vigilancia de los dirigentes empresariales en materia de impacto social y medioambiental de sus filiales y proveedores.
3) Implantar un modelo de Informe anual obligatorio para todas las empresas cotizadas en bolsa y, en general, para todas las mayores de 1.000 trabajadores. Con sanciones si no se realiza dicho informe.
4) Transparencia contable. Obligar a las multinacionales a hacer públicos en los países en los que operen: los datos de sus actividades; de sus beneficios; de los impuestos que pagan
5) Hacer transparentes los precios de las transferencias entre filiales, que normalmente se realizan muy por debajo del precio de mercado para ocultar beneficios.
6) Establecer mecanismos para evitar la opacidad y la impunidad de las empresas que facturan operaciones y servicios en una sucesión de paraísos fiscales. Estas actividades no son sujetas a impuestos, cuando en realidad se realizan, por ejemplo, en Europa. Ello es esencial ya que aproximadamente un 50% del comercio mundial transita por paraísos fiscales.
Este fenómeno no surge como consecuencia de una repentina concienciación de las empresas – aunque más preciso y justo sería hablar de algunas empresas, sobre todo de las más grandes y transnacionales - hacia un mayor compromiso con la sociedad en la que actúan. Es, por el contrario, el producto de un conjunto de fenómenos que han confluido a lo largo de los últimos 50 años. De entrada, es hijo de la ideología liberal que ha abogado por menos regulación y más autorregulación, ideología que ha desembocado, entre otras cosas, en la crisis que estamos padeciendo. En la UE, por ejemplo, mientras que las abundantes normas económicas son obligatorias las sociales son, cada vez más, escasas y voluntarias. En una vuelta hacia el pasado – en el que, en las políticas sociales, primaba el paternalismo, la filantropía, la caridad – estamos pasando de lo obligatorio (la ley, el convenio) a lo voluntario (códigos de buena conducta, labels, comparaciones de buenas prácticas). Y la RSE es una expresión paradigmática de ello.
Una tendencia que también se ha implantado en el ámbito mundial: mientras que las normas del comercio internacional, de la OMC, son obligatorias y sancionables, las de la OIT son optativas, carecen de recurso jurisdiccional para sancionar las violaciones y afectan en casi su totalidad sólo al trabajo asalariado, claramente minoritario en la mayor parte del mundo.
Junto a una globalización sin apenas reglas sociales, el retraimiento del Estado es otro factor que explica esta exigencia de mayor responsabilidad social a las empresas. Las regulaciones sobre el trabajo y las protecciones sociales a ellas vinculadas se han fragilizado. Las políticas de protección social han derivado en muchos casos en políticas de asistencia social, transferidas en nuestro caso a las Comunidades Autónomas, que, además, suelen ser subcontratadas a organizaciones no gubernamentales. Las dotaciones públicas de cooperación al desarrollo se retraen, en la mayor parte de los países más desarrollados, mientras que aumentan las contribuciones de las fundaciones creadas por las grandes corporaciones multinacionales. Lo que antes estaba amparado por el Estado, mediante las regulaciones y protecciones del trabajo, las políticas universales de protección social y a través de las políticas públicas de cooperación al desarrollo, se viene transfiriendo cada vez más a la autorregulación responsable de las empresas, a la gestión privada de los servicios sociales, a la sustitución de las políticas públicas de ayuda al desarrollo por las privadas. Con la necesaria precisión de que gran parte de ello es financiado mediante un aumento de las desigualdades entre salarios y excedentes empresariales, mediante subvenciones públicas y reducciones de impuestos.
La primera razón, pues, de esta eclosión de la RSE es el deshilachamiento del modelo socialdemócrata de sociedad creado tras la revolución de octubre, la Gran depresión de los años 30, el protagonismo de los trabajadores en la lucha contra el fascismo. Que tuvo su período de esplendor entre 1945 y 1975.
La segunda, es la emergencia de los riesgos vinculados a la actividad de las empresas multinacionales, emancipadas de los Estados nacionales y sin un marco mundial de regulación. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de estar sujetos a riesgos que nadie parece controlar y que, en gran medida, son protagonizados por empresas multinacionales. Riesgos medioambientales, riesgos industriales, riesgos alimentarios, riesgos sanitarios, riesgos sociales vinculados a la pobreza y la desigualdad. Catástrofes ecológicas, como la del Prestige, el Erika, el Esson Valdés; catástrofes industriales como las sucedidas en Bhopal, en Seveso, en Toulouse, en Puertollano; riesgos alimentarios, como el de las vacas locas; riesgos sanitarios como el del aceite del colza o el de la propagación de pandemias; riesgos medioambientales vinculados a la explotación desaforada de las reservas y los recursos naturales; riesgos sociales y humanos vinculados a la falta de respeto a los más básicos derechos humanos.
Riesgos relacionados, igualmente, con la enorme concentración de poder tecnológico en manos de las grandes multinacionales. En muchos casos son estas empresas las que sistematizan la aplicación de los avances tecnológicos, las que contribuyen a la aceleración, o retraso, del progreso técnico, las que deciden qué se investiga, cómo se aplica lo inventado y en que partes del mundo se distribuye. Este es un enorme poder económico, pero también social, político, ético. Los avances técnicos no son inocuos y tienen, en muchos casos, un carácter ambiguo en términos éticos y políticos. Sus beneficios dependen, en parte, del uso que se haga de ellos. Pensemos al respecto en temas como la biotécnica, los organismos genéticamente modificados, la energía nuclear, el desarrollo de Internet, la utilización de los medios de comunicación…
Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que detrás de este tipo de riesgos está la actuación – en unos casos por acción y en otros por omisión – de grandes empresas multinacionales. Empresas que, en el contexto de la globalización, escapan en gran medida al control de las instituciones políticas democráticas. Además, en los últimos años se ha producido una crisis de legitimidad de las empresas como consecuencia de renombrados escándalos, como los de Parmalat, Enron, Vivendi. Y todos los que tan famosos se han hecho en los últimos meses, desde Madof hasta Lehman Brothers. Escándalos con enormes consecuencias sociales que se terminan solapando mediante el conocido mecanismo de la “socialización de pérdidas”.
En fin, la RSE surge así mismo de la mayor vulnerabilidad de las empresas a su imagen, a su “capital reputación”. Del mismo depende su penetración en mercados, su cotización en bolsa, su aceptación social. De ahí que estén dispuestas a tratar de blanquear una imagen que, en no pocas ocasiones, es fuertemente criticada por su actividad principal.
¿Es este un fenómeno que puede extenderse y perdurar? No es muy probable, aunque todo depende de si el nuevo capitalismo que ha surgido en los últimos 30 años – en contraposición con el capitalismo de compromiso que surgió tras la segunda guerra mundial – prevalece. En primer lugar, porque el discurso de la RSE (contar con los actores implicados, con los stakholders) va a contracorriente del capitalismo financiero imperante. En el que el accionista es el rey y la participación real de los trabajadores y de otras partes implicadas en el gobierno de las empresas es cada vez más virtual y periférica. En segundo lugar, porque los grandes desafíos a los que nos enfrentamos – desigualdades sociales, cambio climático, migraciones, geoestrategia de la seguridad – requieren respuestas urgentes, obligatorias y generales. Lo contrario de lo que representan las actuaciones de RSE: acciones individuales, voluntarias, marginales, lentas. En la UE, por ejemplo, cuando la constitución de Comités de Empresa Europeos era voluntaria, se crearon 20. Desde que en 1994 se promulgó una directiva para regularlos su número ha ascendido a 850.
Las políticas de RSE suelen orientarse en una doble dirección. De un lado, hacia la respuesta filantrópica: restauración de patrimonio, contratación de colectivos con dificultades de inserción, edición de música folklórica, provisión de hamacas para que los trabajadores gocen de unos minutos de relax... De otro, mediante una estrategia más global y marquetiniana dirigida a mejorar su imagen y mantener mejores relaciones con el entorno. En este tipo de estrategias, las empresas tienden, en general, a marginar a las organizaciones sindicales y a asociar, en cambio, a algunas ONGs.
Desde el punto de vista de los sindicatos, las estrategias de RSE comportan algunos riesgos. Pero también oportunidades. Entre las primeras, el riesgo de creer que la participación puede sustituir a la relación de fuerzas. El riesgo de que lo voluntario – los códigos, indicadores, protocolos y otras fórmulas similares – vayan sustituyendo a los convenios o inhibiendo la acción legislativa. También el riesgo de ser sustituidos, en acciones internacionales, como interlocutores por algunas ONGs. Entre las oportunidades podemos citar cuatro principales. En primer lugar, la posibilidad de utilizar la mayor vulnerabilidad de la imagen corporativa de las empresas. De hecho, muchos de los últimos grandes conflictos sociales – como en el caso de Danone – se basaron en el ataque a la imagen de la empresa. Además, la acción sindical puede utilizar la política de responsabilidad social empresarial para exigir rendimiento de cuentas y para poner en contradicción lo que se dice con lo que se hace: respecto a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores, a la transparencia contable y financiera. Para el sindicato, la RSE puede, así mismo, ofrecer la oportunidad de nuevas alianzas con otras partes interesadas: autoridades locales, organizaciones sociales y medioambientales, consumidores, ciudadanos. Finalmente, la RSE puede posibilitar abrir brecha en algunos temas de negociación colectiva o bien implicar a las empresas en los procesos territoriales de reconversión industrial.
En realidad, la prueba del 9 de la calidad de las políticas de RSE se resume en cinco puntos. Primero, si las empresas que mantienen políticas de RSE, además de hacer equis cosas loables y bienintencionadas, son responsables en su negocio principal. Segundo, si la empresa es responsable con sus propios trabajadores y si cuenta con las organizaciones sindicales a la hora de elaborar sus memorias (de las 35 empresas españolas del IBEX, sólo una lo hace). Tercero, evitar que subrepticiamente se trate de sustituir lo obligatorio – ley y convenio – por declaraciones, códigos, protocolos de carácter voluntario. Cuarto, que efectivamente exista una rendición de cuentas, que no es lo mismo que una mera comunicación. Finalmente, es esencial que exista una evaluación independiente de las financiadas por las empresas.
Con motivo de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, un conjunto de organizaciones sociales plantearon algunas demandas para hacer más creíbles las políticas de RSE, que reproduzco:
1) Establecer la responsabilidad jurídica de la empresa madre, con posibilidad de recurso ante los tribunales (como sucede en Estados Unidos con una legislación denominada “Alien Tort Act”), de lo que puedan hacer sus filiales fuera de sus fronteras
2) Establecer un deber de vigilancia de los dirigentes empresariales en materia de impacto social y medioambiental de sus filiales y proveedores.
3) Implantar un modelo de Informe anual obligatorio para todas las empresas cotizadas en bolsa y, en general, para todas las mayores de 1.000 trabajadores. Con sanciones si no se realiza dicho informe.
4) Transparencia contable. Obligar a las multinacionales a hacer públicos en los países en los que operen: los datos de sus actividades; de sus beneficios; de los impuestos que pagan
5) Hacer transparentes los precios de las transferencias entre filiales, que normalmente se realizan muy por debajo del precio de mercado para ocultar beneficios.
6) Establecer mecanismos para evitar la opacidad y la impunidad de las empresas que facturan operaciones y servicios en una sucesión de paraísos fiscales. Estas actividades no son sujetas a impuestos, cuando en realidad se realizan, por ejemplo, en Europa. Ello es esencial ya que aproximadamente un 50% del comercio mundial transita por paraísos fiscales.
José María Zufiaur. 22 de octubre de 2009. Para la Fundación Sistema
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