domingo, 2 de febrero de 2014

El futuro es inexorablemente renovable por Domingo Jiménez Beltrán





Publicado en La Vanguardia

Domingo Jiménez Beltrán
Vicepresidente de la Fundación Renovables


De las tres fuentes masivas de energía para las próximas décadas, el carbón, la nuclear y las renovables, solo estas últimas (hidráulica, eólica, la solar fotovoltaica o de concentración, geotérmica, biomasa…) son  sostenibles, es decir, son las que satisfarían las necesidades actuales y permitirían hacerlo también a las generaciones futuras sin trasladarles ni el desafío del cambio climático, como lo hace el carbón, ni el de los residuos nucleares o los riesgos inherentes a la nuclear en el estado actual o previsible de la tecnología para las próximas décadas. Y esto es indiscutible.

El tema a debate es pues la transición hacia ese modelo energético inexorable. Mientras la Unión Europea muestra e inicia, aunque tímidamente, el camino hacia él (digo tímidamente  ya que mantiene todavía el dilema nuclear) España, o mejor dicho el Gobierno español, ha decidido entretenerse en el camino y entendemos que para satisfacer los intereses espurios y cortoplacistas del sector energético convencional, representado por UNESA. Solo así puede entenderse esta renuncia empecinada a un futuro prometedor basado en las renovables. Esto hay que denunciarlo  porque nos jugamos el futuro y es lo que pretendo con estas líneas  en este momento en que la Comisión Europea acaba de aprobar y presentar su propuesta de Libro Verde para la Política Energética y de Cambio Climático de la UE que contrastan, dentro de su timidez, con las suicidas políticas del Gobierno español.

La insostenible y desgobernada política energética española ha cerrado el año con la aprobación en el Congreso de la Ley 24/2013 de Reforma del Sector Eléctrico que junto con otras disposiciones adoptadas en su día (Real Decreto Ley 9/2013 en julio) o en desarrollo (retribución de renovables, cogeneración y residuos y decreto sobre autoconsumo, entre otras) conforman y confirman el total despropósito de la  misma que cabría calificar de “no política energética”.

Una legislación en muchos aspectos no se ajusta a derecho como ya han señalado en sus dictámenes la ex Comisión Nacional de la Energía, hoy fusionada en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, e incluso con sus reservas el Consejo de Estado, y que está recurrida como inconstitucional por varias comunidades autónomas, incluidas las de Murcia y Extremadura con dirigentes del mismo partido que el Gobierno central.

Los elementos claves de esta reforma en lo que se refiere a las energías renovables son:

A) 
Revisar la retribución de las renovables


Revisar la retribución de las renovables acogidas al Régimen Especial con el argumento de la reducción del déficit de tarifa que se ha demostrado procede fundamentalmente de las excesivas retribuciones de la gran hidráulica y la nuclear, los llamados windfall profits, que se recogen en los sospechosamente llamados “costes reconocidos”, que no reales, y cuya diferencia con lo que pagamos generaría el déficit de tarifa.

Se busca la reducción de las primas al amparo de las cuales  se hicieron las inversiones, que incluyen las de muchos pequeños inversores, con unas 55.000 familias afectadas, para ajustarlas a lo que se calculará como unos retornos “razonables” de las inversiones realizadas. A tenor de las reducciones a cuenta que se manejan para el inicio del ejercicio 2014 -al no estar todavía disponibles las evaluaciones correspondientes- la disminución podría ser del orden de un 40%, lo que sin duda pondría en serias dificultades, por no decir en quiebra total,  a los productores en particular de fotovoltaica (FV) que con inversiones cercanas a los 25.000 M€ adeudan a los Bancos más de 18.000 M€.

Y esto llega después de un periodo de tres años en los que la FV ha visto recortadas las retribuciones en un 30% al amparo de la normativa aprobada en la segunda legislatura del gobierno socialista que establecía cuotas según zonas en cuanto a las horas que generaban derecho a las primas aprobadas en su día y vigentes.

B) 
Impedir la promoción de las renovables


La segunda clave de esta Reforma es que cierra la posibilidad de que en el futuro se promuevan las renovables con incentivos públicos excepto en el caso en que signifiquen un abaratamiento de los costes y una reducción de la dependencia energética. Condición que se contradice en sí misma ya que si son competitivas en coste no necesitarían ayudas. Lo que sí indica claramente esta disposición es que las renovables no son una prioridad precisamente cuando lo que ya se ha conseguido es que sean competitivas  y contribuyan a abaratar los costes del sistema y sobre todo, y son las únicas que lo hacen en el caso español,  disminuyen la dependencia energética. ¿Si las convencionales no  lo hacen porque no se les penaliza.

C) 
Cerrar el camino al autoconsumo


Y la tercera, todavía más grave, visto que las renovables son ya competitivas y que la FV (la más accesible para los ciudadanos en instalación en las viviendas, edificios, naves comerciales y polígonos industriales…) hace ya dos años que alcanzó la paridad de red (cuesta menos producir un kWh en tu casa que comprarlo a la comercializadora de electricidad), con la reforma a través de un innovador impuesto, o mejor, tasa llamada “peaje de respaldo”, cierra el esperanzador camino hacia el “autoconsumo y balance neto".

El autoconsumo y balance neto significa simplemente que podríamos producir en nuestra vivienda con paneles FV energía eléctrica para nuestro uso y que cuando tuviéramos excedentes, durante el día, en horas punta cuando la energía es más cara, los verteríamos a la red, y viceversa, cuando necesitáramos energía, en la noche o con poco sol, la recibiríamos de la red buscando siempre en lo posible un balance neto positivo en términos energéticos y económicos. Ya funciona y con éxito en muchos países. (Ver 
informe sobre el potencial de FV en los tejados de Murcia, con balance neto positivo en consumo residencial y que incluye un análisis de los países en los que funciona y los regímenes de aplicación).

Este peaje que podría ser del orden de 6c€ por kWh gravaría la energía, los kilovatios que consumiéramos de los producidos en nuestra vivienda con el razonamiento de que deberíamos contribuir a los costes del sistema al que recurrimos tanto para venderle los excedentes como para cubrir los déficits, como si no pagaras ya un peaje por la potencia instalada y por el acceso a la red.

Por tanto busca simple y llanamente hacer inviable el autoconsumo y el balance neto, anular o expropiar un verdadero  derecho al sol de los ciudadanos (un “peaje al sol” cuando al menos el sol sigue saliendo para todos) cuyo ejercicio es un empoderamiento energético real de estos que pueden convertir sus viviendas, sus negocios, industrias… en  “autosuficientes conectados”, concepto que se puede ampliar a nivel de urbanización, polígono industrial, municipal, etcétera.

Esta autosuficiencia conectada ha inspirado que ciudades alemanas estén municipalizando las redes eléctricas (ha fallado en Berlín por un estrecho margen en la votación en la que se decidió) y que en este mismo país se esté planteando a nivel de Estado, en los escenarios que se manejan para 2040-2050, que la autosuficiencia eléctrica y el balance neto se consigan con una autogeneración eléctrica básicamente de fuentes renovables, sin carbón ni nucleares, y con  intercambios con países cercanos como Noruega.

Es evidente que la reforma del sistema eléctrico destroza el presente y sobre todo limita enormemente el futuro de las renovables y en general de un sistema energético sostenible en un país que había alcanzado un presente prometedor como indica el que las renovables cubrieran más del 34% de la demanda eléctrica en el 2013 y que tenía y tiene el potencial para liderar el cambio a nivel europeo y beneficiarse de ello por su potencialidad tanto en recursos renovables como en tecnologías.



La respuesta está en Europa

Esto es aún más grave cuando España se hubiera podido beneficiar, con otros planteamiento menos cortoplacista, de las iniciativas recientes de la Comisión Europea, y por ende de la UE, que intentan comunitarizar la política energética y propiciar escenarios energéticos mas sostenibles que, como ha dicho muy bien el Secretario General de Naciones Unidas, muestran el camino a seguir en políticas energéticas y de cambio climático, aunque todavía son insuficientes a la hora de hacer el camino y establecer objetivos suficientemente amplios. Lo que sí está claro es que España, a pesar de lo poco ambiciosos que sean los objetivos de la UE (
ver posicionamiento de la Fundación Renovables) irá una vez más a rastras mientras que esta vez hubiera podido liderar el cambio e impulsar esos objetivos más ambiciosos y no resistirse a los mismos.

Lo que también está claro es que la UE es fundamental para sacarnos de esta situación y que sólo avanzaremos en políticas como la energética si se consolida, no es utópico, como política Común de la UE, como lo es la Política Agrícola Común, regulada básicamente a nivel de la Unión Europea y propiciada con recursos comunitarios suficientes. No hay que olvidar para legitimar esta nueva PEC (Política Energética Común) que fue el interés del hacer común  en temas energéticos, con la CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero) y con el EURATOM para la Energía Nuclear, el que propició la creación de la Comunidad Económica Europea y luego la UE aunque ahora reclamemos una política energética descarbonizada y desnuclearizada como únicas sostenibles en el estado actual de la tecnología.


La movilización ciudadana


La reforma energética en su conjunto en un despropósito pero el peaje de respaldo especialmente es clarísimamente inconstitucional, injusto e inmoral, y lo justo, constitucional y moral es oponerse al mismo, para lo cual las Mareas Blancas nos han mostrado el camino. Quiero dedicar este artículo a todos los que han contribuido a que la Comunidad Autónoma de Madrid haya decidido paralizar el proceso de externalización, dígase privatización, de la Gestión de seis Hospitales Públicos como resultado del fallo en contra de la misma del Tribunal Superior de Justicia.

Homenaje merecido porque ellos nos han confirmado el camino a seguir ante decisiones, legislaciones inconstitucionales (disfrutando de la impunidad que dan los plazos en resolver los recursos del Constitucional) injustas, no ajustadas a derecho y hasta inmorales, contra la ética que rige nuestras vidas, y que hoy florecen al amparo de la mayoría absoluta del partido en el Gobierno. Por todo ello insto también a una Marea Blanca o Verde en materia energética.

Decía Gandhi que ante leyes injustas e inmorales lo justo y moral era desobedecerlas. Sin llegar a la desobediencia, que también, lo primero por supuesto es oponerse, y en una sociedad democrática ante estos atropellos de una mayoría absoluta en el Gobierno caben  dos procesos como bien ha ilustrado la Marea Blanca; el primero es la judicialización de esta oposición, o sea llevar el caso a los tribunales y, si es posible, al Tribunal de Justicia de la UE y/o cortes internacionales una vez agotadas, o en paralelo, las instancias nacionales. El segundo es sin duda la movilización ciudadana, pero no una movilización cualquiera sino basada en la persuasión, que como decía en TVE una de las participantes en la Marea Blanca, su éxito ha venido de la persuasión, la convicción  en que la suya era una causa justa.

Hay argumentos suficientes para persuadir y movilizar a la sociedad española a favor de una política energética sostenible basada en una mayor eficiencia energética y la generalización  de las renovables y, por tanto, en contra de la política energética actual y en particular de la reforma energética en curso.
 

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