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Hasta mediados del siglo XIX, los madrileños bebían las aguas subterráneas extraídas mediante un complejo sistema de pozos, minas y galerías, los conocidos “viajes de aguas”, que captaban, drenaban y transportaban el agua hasta las numerosas fuentes públicas dispersas por todo el casco urbano. Aquí, eran los aguadores quienes transportaban el agua hasta las viviendas de las familias más acomodadas. En los barrios obreros y populares, las mujeres eran quienes más a menudo acudían a rellenar sus cántaros a las fuentes.
Aunque se hicieron diversos proyectos para abastecer de agua a la capital desde mediados del siglo XVIII, no es hasta 1848, cuando fue definitivamente aprobada la memoria de un proyecto provisional del abastecimiento a Madrid, con aguas del río Lozoya. El proyecto estaba redactado con tal previsión que era más que suficiente para abastecer a una población doble de la que existía. Aunque parecía algo fantástico para la época, tenía, en realidad, tal visión de futuro que en la actualidad siguen funcionando parte de las instalaciones originales.
El pasado 18 de junio se cumplieron 161 años desde que, siendo Reina de España Isabel II, se dictó el Real Decreto, refrendado por Juan Bravo Murillo, presidente del Consejo de Ministros en esos momentos, en el que se disponía que el Gobierno realizara la ejecución de los trabajos a través de un canal derivado del río Lozoya, que llevaría el nombre de Canal de Isabel II en honor a la soberana.
El Canal de Isabel II nació como proyecto definitivo para solucionar uno de los más graves problemas que arrastraba Madrid: la necesidad de agua para el consumo de sus habitantes que, por aquel entonces, sobrepasaba la cifra de doscientos mil. Autorizada la creación del Canal comenzaron inmediatamente las obras para conducir las aguas del Lozoya por vía rodada hastala Capital. Conuna visión de futuro se diseñó para abastecer a cuatrocientos mil habitantes.
La realización de este proyecto, que representa una de las mayores obras de ingeniería de los últimos siglos, significó uno de los desafíos técnicos más destacados de la ingeniería contemporánea, una auténtica hazaña que aunó los saberes y experiencias de los mejores ingenieros de la época y el esfuerzo de un colectivo humano que trabajó en la construcción de grandes presas y acueductos en condiciones muy adversas.
Desde entonces los madrileños conocemos y gozamos de las ventajas de tener agua corriente en los hogares de toda la región. Un agua de calidad, conocida y apreciada en toda España. Un verdadero símbolo de nuestra ciudad y de toda la Comunidad de Madrid. Un servicio público ejemplar y un Patrimonio histórico-industrial de todos los madrileños durante varias generaciones.
Nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos nos hemos sentido orgullosos y conocedores, de una forma práctica a través del Canal de Isabel II, de la importancia de lo público, es decir de lo de todos. Hemos creído que en tal caso avanzaría y mejoraría. Pero hay veces que los gobernantes con poca o ninguna visión de futuro y de lo colectivo, toman decisiones erróneas.
Por una ley aprobada el 29 de diciembre de 2008, el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la privatización del Canal de Isabel II. Es decir convertir en negocio para unos pocos, lo que era y es un patrimonio y un servicio de todos, un servicio público. Algo que parecería impensable para nuestros abuelos, hoy algunos de sus nietos lo han visto como posible: privatizar el agua.
Ya lo dijo el poeta Inglés Charles Caleb Colton en los mismos años de la creación del Canal de Isabel II: Volver la vista atrás es una cosa y marchar atrás, otra.
Una multitud de entidades ciudadanas, sindicales, vecinales, sociales, partidos políticos y una amplia mayoría de los ciudadanos decimos NO. Es nuestra, es de todos y queremos que siga siéndolo.
Así se dijo en el referéndum del pasado 4 de marzo de forma clara y contundente, así se está trasladando en multitud de actos y reivindicaciones ciudadanas. Esta misma semana se llevarán a cabo actuaciones como la denominada Murales del Agua, donde el próximo 24 de junio y en multitud de espacios públicos los madrileños podamos expresar que la gestión del agua nos importa, que el Canal de Isabel II es sólo nuestro y que vamos a defenderlo.
Recientemente se ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad, presentado por 50 senadores socialistas contra la privatización. Parece evidente que lo público y de todos debe protegerse frente a los que ven en ello nuevas oportunidades de negocios oscuros e interesados.
Considero que es un desatino la privatización del Canal de Isabel II:
- Porque no tiene justificación desde ningún punto de vista (ni económico, ni técnico, ni social) y sin embargo puede conducir a la prestación de peores servicios, a un mayor coste del agua, tal como se ha demostrado en privatizaciones similares como el caso de París y a un empeoramiento de las condiciones de sus trabajadores.
- Porque el objetivo fundamental de una empresa con accionariado privado es el beneficio y no la mejora del servicio. Las nuevas inversiones y los beneficios de los accionistas los pagaremos los ciudadanos a través de la tarifa.
- Porque la experiencia demuestra que una empresa pública es a menudo mas eficiente desde el punto de vista económico, social y ambiental, tal como lo ha demostrado el Canal de Isabel II. Aplica mejor las políticas de ahorro del agua y puede dedicar íntegramente los recursos generados a mejorar la calidad del servicio.
- Porque el proceso adolece de un déficit democrático y falta de transparencia desde su comienzo.
- Y porque la privatización presenta importantes lagunas legales, al obviar la propiedad del Estado de importantes infraestructuras del ciclo del agua y la voluntad de los ayuntamientos.
Por todo ello debemos considerar que:
- La disponibilidad y al acceso al agua constituyen un derecho humano y colectivo.
- El agua es un bien común, patrimonio dela humanidad. No es una mercadería, un bien económico comercial. No es el “oro azul”.
- El gobierno del agua y del conjunto del ciclo integral del agua es responsabilidad pública.
- La financiación de los costes asociados al gobierno del agua debe estar asegurada por la colectividad, por el Estado.
- El agua es un asunto de ciudadanía y democracia. Toda política sobre el agua implica un alto grado de participación de los ciudadanos.
La decisión de Bravo Murillo representó un esfuerzo colectivo de gobernantes con visión de futuro y de servicio y el trabajo de varios miles de trabajadores para dejarnos a las futuras generaciones un servicio público de primera. Madrid se merece seguir gozando de agua de calidad para todos y de todos, porque tiene un pueblo que sabe apreciar lo que tiene, que sabe mirar al pasado para avanzar hacia el futuro.
Miguel Aguado Arnáez
Diputado PSOE Asamblea de Madrid
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